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martes, 1 de mayo de 2018

Midiendo la corrupción en Bogotá

Por EvelynR

Cuando se habla de aumento en la corrupción, no sólo se pueden medir las estadísticas de la situación en el momento que se da o basarse en el criterio de lo que se percibe socialmente, sino que también existen patrones internacionales para medir estos índices y los principales elementos de riesgo o focos de corrupción.

Recientemente, por primera vez se midió el Índice de Transparencia en una ciudad de América Latina, en este caso, Bogotá. De acuerdo con los resultados, entre los años 2000 y 2009, en detrimento patrimonial, el Distrito perdió más de 91 mil millones de pesos, y algunas de las entidades con más alto riesgo son el Concejo de Bogotá y la Uaesp.

En Colombia, el Índice de Transparencia se hace desde el 2002 a nivel a nacional, departamental y municipal, pero la ciudad de Bogotá no había sido estudiada. El informe, elaborado entre 2016 y 2017, revela los riesgos de corrupción en las entidades públicas mediante la identificación de fallas que facilitarían este flagelo en los procesos institucionales y en las prácticas de organizaciones y servidores públicos. Esta Percepción de la corrupción, como también se le conoce al índice, permite no sólo exhibir los errores sino, fijar estándares internacionales para que se pueda prevenir la corrupción desde las instituciones.

Los riesgos en el proceso estaban relacionados con la baja divulgación de información y la garantía del derecho de acceso a la misma; fallas en los procesos de gestión administrativa, y debilidades en los controles internos y externos en la gestión de recursos públicos.

Según el informe, la Secretaría de Gobierno, que obtuvo una puntuación de 82,5 sobre 100 puntos, seguida de la cartera de Educación con 80,5 puntos, la Secretaría de la Mujer, con 79,1 e Integración Social, con 78,4. Mientras que con baja puntuación se encuentran el Departamento Administrativo del Servicio Civil (Dascd), encargado de la contratación de personal del Distrito, con 54 puntos. Otras con alto riesgo de malversación de fondos son el Concejo de Bogotá, con 59,9; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con 55,9; la Secretaría de Desarrollo Económico, con 57,8; el Jardín Botánico José Celestino Mutis, con 59,7 puntos y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), con 59,8.

Jaime Torres Melo, veedor distrital, se refirió al panorama de corrupción de la ciudad, señalando que al ser esta la primera medición, el promedio para las entidades distritales supera al de la última medición de las nacionales y territoriales. El promedio de Bogotá es 68,7 sobre 100, mientras que, en su medición 2015-2016, las entidades nacionales alcanzaron 68,2, las gobernaciones 61,4 y las Alcaldías 56,8.

En el caso de Bogotá se evaluaron 34 entidades, de las cuales 8 quedaron en riesgo moderado, 20 en riesgo medio y las 6 restantes quedaron en riesgo alto y necesitan un esfuerzo focalizado para reducir los peligros de corrupción.

Sin embargo, el veedor advierte que la corrupción es difícil de medir y detectar debido a sus propias características de ser ilícita y secreta. Es por ello que explica que, en lo referido a aquellos tipos de corrupción más comunes en la ciudad, se pueden identificar por las sanciones o por las denuncias. En ese sentido, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, entre 2008 y 2016, los delitos contra la administración pública más sancionados fueron el cohecho (43,5%), el peculado (18,8 %); la concusión (11,8 %) y la celebración indebida de contratos (8 %).

Por su parte, según los medios de comunicación en este periodo, las principales denuncias estaban en la celebración indebida de contratos, soborno y detrimento patrimonial. Mientras que para los bogotanos, el soborno es la modalidad que más les afecta. De hecho, la última Encuesta de Cultura Política arrojó que el 89 por ciento de los ciudadanos consideraba que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos y el 61 por ciento, que más de la mitad de sus conciudadanos también lo son.

Siguiendo por la línea de los ciudadanos afectados por la corrupción, la última encuesta del Barómetro de las Américas determinó que el 21 por ciento de los encuestados manifestaron haber sido víctimas de solicitud de un soborno y la justificación fue la mala prestación de los servicios o para agilizar un trámite.

De acuerdo con Torres Melo, para prevenir la corrupción, la Veeduría Distrital tiene varias acciones preventivas, como la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, un instrumento para articular acciones y actores públicos, privados y sociales.