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jueves, 17 de mayo de 2018

Colombia también se une en la emisión de bonos sociales

Por pratts23

Colombia se une a la iniciativa aplicada por México y Chile, quienes han aplicado el modelo de bonos sociales con el objetivo de desarrollar proyectos encaminados al desarrollo comunitario. Se trata de determinadas sumas de dinero destinadas a proyectos que generen resultados positivos a nivel social, que pueden ser de nueva creación o reavivar antiguos planes que ya se habían puesto en marcha.

Hace menos de un año México emitió los primeros bonos sociales de toda Latinoamérica en julio del pasado año. Por su parte Chile recién ha empezado en esta tarea en el pasado abril. Todo ello sirvió como precedente para que ahora Colombia comience la preparación para colocar en el mercado local este nuevo instrumento financiero. En este sentido, el 24 de mayo próximo será Bancoldex el encargado de emitir una suma de 300 000 millones, con el objetivo de financiar recursos destinados a la dotación de créditos microempresariales que financien proyectos de mujeres, emprendimientos rurales y víctimas del conflicto armado en ciertas regiones de Colombia.

“El término bonos sociales no es nuevo. En el mundo se viene hablando de ellos desde hace aproximadamente 8 años. Países de Europa, Estados Unidos, y naciones de Centro y Sur América han venido, paulatinamente, aplicando este modelo con gran éxito”, explica Jaime Buriticá, Director de Tesorería de Bancóldex.

De acuerdo a lo declarado por Carlos Martabit, Gerente General de Finanzas de BancoEstado en Chile, este tipo de soluciones sociales son cada vez más frecuentes, donde los inversionistas tienen en sus planes el otorgamiento de bonos verdes, relacionados con el medio ambiente y sociales. Esta entidad, junto con Nafin en México, fueron las pioneras en la emisión de este tipo de bonos. Ambas empresas desarrollan proyectos empresariales de gran envergadura en distintos sectores de la economía, como ocurrirá muy pronto con Bancóldex.

El objetivo de estas iniciativas es fomentar las inversiones de agentes tradicionales y no tradicionales en importantes proyectos que no solo generen ganancias, sino también desarrollo social. Proyectos encaminados a crear capacidades para la autogestión comunitaria, lo que equivale a una disminución de la carga asistencialista que tiene el estado frente a las comunidades y grupos vulnerables, así como el empoderamiento de los diferentes actores sociales involucrados en estos proyectos.