Estafa contra el volante
Hace pocos días, al menos nueve cámaras dedicadas a fotografiar alteraciones en el tráfico de la ciudad de Floridablanca, localizada en el departamento de Santander, quedaron fuera de servicio. Por otro lado, los autos que también recorren la localidad con esa finalidad, que son tres en total, también fueron puestos fuera de circulación.
El motivo se conoció de forma apresurada: la Empresa Infracciones Electrónicas de Floridablanca, encargada de gobernar y dirigir el correcto desenvolvimiento de las maquinarias, canceló súbitamenete su contrato. Este convenio establecía que la compañía tenía los derechos sobre tal infraestructura tecnológica por los siguientes 15 años, a partir de 2011, cuando fue firmado el acuerdo.
Hace apenas un par de días, al menos nueve cámaras dedicadas a fotografiar alteraciones en el tráfico local de la ciudad de Floridablanca, en Santander, quedaron fuera de servicio. Por otro lado, los autos que también recorren la localidad con la finalidad de detectar ilegalidades, tres en total, también fueron inmovilizados.
El motivo se dio a conocer de manera apresurada. La Empresa Infracciones Electrónicas de Floridablanca, encargada de gobernar y dirigir el correcto desenvolvimiento de las maquinarias, canceló intempestivamente su contrato. Dicho convenio establecía que la compañía tenía los derechos sobre la infraestructura tecnológica relacionada con las multas fotografiadas a lo largo de 15 años. El acuerdo había sido firmado en 2011.
Héctor Mantilla, alcalde del municipio, refirió a la prensa que el hecho puede ser considerado como una batalla bien ganada. De acuerdo con el máximo edil de la ciudad el convenio que regulaba la relación de la administración con la mencionada empresa no era más que un engaño, que en su momento se aseguró de blindar su posición jurídica con fuertes herramientas jurídicas. Sin embargo, el político aseguró que llegado el momento, fue necesario enfrentarse a la compañía.
Según Mantilla, se organizó un proceso judicial que permitió cancelar de la manera más legal posible el inestable funcionamiento del corrupto y polémico sistema electrónico de multas. El alcalde había intentado deshacerse de la empresa desde su arribo al gobierno municipal a mediados de 2016. El enfrentamiento se centró en la fundamentación de que la Alcaldía de Floridablanca respalda el Código Nacional de Tránsito. Gracias a ese particular, la administración logro cesar la concesión.
“A lo largo de estos años nos hemos dedicado a modificar la visión que tenía la opinión pública sobre la empresa. Insistimos en que se hiciera menos atractivas para el público, para los contribuyentes. También logramos poner en tela de juicio su rentabilidad. La idea era probar que sus finanzas mal organizadas eran obra de que la administración anterior no había reglamentado adecuadamente los límites de la compañía. No los atacamos directamente. Al final demostramos que como la Empresa Infracciones Electrónicas no tenía controles podían hacer cualquier cosa que se les antojara. Tomaban comparendos a su antojo, no tenían a la autoridad de Tránsito al frente”, detalló el líder electo de Floridablanca.
A partir de los esfuerzos por conseguir que la rentabilidad del producto ofrecido por la Empresa Infracciones Electrónicas estuviera sujeta al agudo descontento de la opinión pública, comenzaron a tener lugar las señalizaciones. Por medio de más de una veintena de avisos y notificaciones informativas y la expedición de cuatro resoluciones, el gobierno local pudo poner en práctica sus intenciones. Con ellas se buscaba que se correspondiera adecuadamente con los procesos correctos a las personas afectadas por las fotomultas erráticas y de ese modo impugnar la gestión de la compañía.
Según reportes de la Alcaldía de Floridablanca, a lo largo de 2016 se lograron revocar más de 21 mil 228 componendas irregulares que tuvieron lugar debido a las maniobras de la empresa. En 2015, a cifra de detección de corruptelas solo ascendió a 884 en la totalidad del municipio. De acuerdo con las declaraciones de Mantilla, “todo ello llevó a que el concesionario de manera interna, al ver que sus índices de producción de fotomultas descendieron drásticamente a lo largo del año pasado, decidieron por sí mismos no mantener sus operaciones”.
Partiendo del argumento de que los perjuicios económicos eran incosteables para ellos, la compañía intentó forzar a la administración pública para conseguir una indemnización que rondaba los 97 mil millones de pesos. Además, deseaban añadir otro cobro de seis mil millones en concepto de las pérdidas de los pagos de los equipamientos necesarios. Finalmente la alcaldía consiguió terminarlo todo por la suma de 12 mil millones. El Tribunal Administrativo de Santander dará a conocer sus dictámenes al respecto de la ilegalidad de la empresa en próximas fechas.
