El Senado colombiano aplaza la consulta anticorrupción
Tras un extendido y tenso debate que mantuvo al Senado colombiano reunido hasta casi la madrugada de este miércoles, la decisión en torno a la consulta anticorrupción fue aplazada hasta el mes de junio, cuando debe volverse a discutir si se llevará a las urnas para que el pueblo colombiano vote sobre el tema.
Aunque no se manejó en esos términos, lo cierto es que los congresistas decidieron no “complicarse” con este tema mientras se lleva a cabo la primera vuelta de las elecciones. Por consenso fue aprobada la conveniencia de apartar ese debate de la actual coyuntura electoral y esperar a que pase el 27 de mayo, fecha en que están previstos los comicios presidenciales.
De acuerdo con un despacho de la agencia de noticias Prensa Latina, La senadora del partido Alianza Verde y candidata a la vicepresidencia del país, Claudia López, quien promoviera la realización de la consulta, no hizo ninguna objeción al aplazamiento, por el contrario, estuvo de acuerdo en correr la votación para una fecha posterior a las elecciones, que en este caso se fijó para el 5 de junio. Ese día los congresistas volverán a reunirse para discutir y votar sobre la viabilidad o no de llevar la consulta anticorrupción a las urnas y, de avalarse la propuesta, el presidente Juan Manuel Santos, tendría un plazo de 30 días para definir cuándo se ejecutaría la convocatoria.
La corrupción es un tema que preocupa a la ciudadanía colombiana, como demuestran los 4,5 millones de firmas que apoyaron la realización de una consulta anticorrupción, una propuesta a la cual dio luz verde en enero pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia . Esta institución, entonces, certificó que el Comité de financiación de ese mecanismo estuvo acorde a la ley, y por tanto debía continuarse el trámite en el Congreso, para someterlo con posterioridad a las urnas.
Concretamente, el objetivo del sondeo es que la ciudadanía se exprese sobre el cambio de leyes para aplicar una disminución del sueldo de los legisladores, limitar su reelección y obligarlos a rendir cuenta de sus votaciones y asistencia a sesiones, así como de su renta personal. Colombia está considerado como el tercer país de la región con mayores niveles de corrupción empresarial, un fenómeno que siempre termina alcanzando a la esfera política.
