El expresidente de Bolivia, condenado
El ex mandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y quien fuera su Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron hallado culpables y condenados por un tribunal de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, por la muerte de 58 personas en octubre de 2003, víctimas de la represión durante la "Guerra del gas".
La justicia norteamericana ha condenado a los dirigentes por su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales acontecidas en Bolivia hace casi 15 años. El tribunal condenó al ex presidente indemnizar a los familiares de ocho aymaras asesinados en esa fecha, con la cifra de 10 millones de dólares. Aunque el jurado los halló culpable de las masacres los exoneró del cargo de homicidio culposo. De esa manera, tras seis días de deliberaciones los miembros del jurado pusieron fin a un caso que comenzó en el Tribunal Federal de Fort Lauderdale, en la Florida, a inicios del mes pasado.
Los abogados defensores de ambos políticos utilizaron todo tipo de recursos para evitar la condena, expresando su desacuerdo con el veredicto y que esperan sea revertido cuando la ley sea aplicada correctamente.
En la sala estaban presente cinco de los nueve demandantes, pero no mostraron ninguna reacción ante la decisión del jurado. Posteriormente, fuera del lugar, sus abogados les explicaron con detalle lo que había sucedido y expresaron su satisfacción ante la justicia.
Vale destacar que el juicio fue posible gracias a una ley estadounidense ofrece la posibilidad de enjuiciar por la vía civil a personas acusadas formalmente de haber cometido torturas o ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando las partes sean extranjeras o hayan ocurrido en otro país.
De acuerdo con el Centro para los Derechos Constitucionales, organismo que representa a los demandantes, Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido el primer ex presidente enjuiciado en los Estados Unidos por crímenes contra los derechos humanos.
Los sucesos acontecidos en octubre de 2003, conocido como “La Guerra del Gas”, precipitaron la huida del país del ex mandatario, y facilitaron el ascenso al poder del actual presidente de Bolivia Evo Morales, un indio aymara.
Con la decisión del tribunal se hizo justicia para los familiares de ocho bolivianos asesinados en medio de ese clima de ejecuciones extrajudiciales, homicidios culposos y crímenes contra la humanidad, que dejaron un saldo de 58 muertos y más de 400 heridos en la zona de El Alto, cercana a la capital boliviana.
