Un año de "paz", un año de asesinatos
Un informe de la organización Somos Defensores señala un aumento importante de las agresiones a líderes sociales en Colombia en el 2017, con respecto a los casos del 2016. Los defensores de derechos humanos y líderes sociales siguen muriendo en los territorios sin que sus casos y el aumento en los mismos causen mucha alarma. De hecho, no existen cifras unificadas, por parte del Estado, sobre la magnitud del fenómeno.
El Acuerdo de Paz logrado en Colombia entre el Gobierno y las FARC-EP, representaba la finalización de un conflicto que se extiende ya por más de 50 años. Sin embargo, las esperanzas se han visto frustradas por los continuos altos y bajos en el proceso, entre las que se incluyen las agresiones a líderes sociales. Según cifras de la organización Somos Defensores, el 2017, 560 líderes sociales fueron víctimas de agresiones en todo el país. El primer trimestre del pasado año fue el más violento, con un preocupante incremento de homicidios con respecto al 2016.
Los defensores de derechos humanos y líderes sociales del país siguen muriendo en los territorios sin que sus casos y el aumento en los homicidios causen mucha alarma. De hecho, ni siquiera existen cifras unificadas, por parte del Estado, sobre la magnitud del fenómeno y permitan ver qué está pasando con los liderazgos en zonas en las que el conflicto armado se transformó luego de la firma del Acuerdo Final de Paz y hoy son otros grupos los que buscan el dominio.
Teniendo en cuenta esto, el informe presentado por la organización Somos Defensores lleva el nombre de Piedra en el zapato. Este muestra una radiografía del 2017 en cuanto a agresiones contra líderes de procesos y causas sociales en el país.
La minería, el extractivismo desenfrenado, la lucha por la tierra, los crímenes de odio, el narcotráfico y la corrupción son algunos de los problemas que se viven en las regiones en las que, según señala Somos Defensores, los líderes son vistos como personajes incómodos, principalmente para los que tienen las armas, controlan las economías ilegales, ejercen el poder político de forma corrupta, o están detrás de grandes intereses económicos.
Como muestra estánnlos 560 casos de defensores y defensoras que durante el 2017 fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad física, y que también obstaculizaron sus labores.
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señala que hubo un aumento desproporcionado de los homicidios y atentados contra líderes, con 156 casos (106 homicidios y 50 atentados). Además de los otros 4 tipos de agresiones que señala el informe: amenazas (370 casos), detenciones arbitrarias (23), uso arbitrario del sistema penal (9) y robos de información (2).
También hay otros datos que preocupan, pues hubo un incremento del 32,5 por ciento de casos en el 2017, con respecto al 2016, siendo el pico más alto de homicidios anuales registrados desde que comenzaron a documentarse por el sistema de información de agresiones, en 2002.
En adición, aunque los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle fueron los que registraron más número de líderes asesinados, el fenómeno se ha extendido a casi todo el territorio, con especial énfasis en las zonas de las que salieron las FARC. En ese sentido, el informe señala que en 24 de los 32 departamentos se presentaron este tipo de agresiones, lo que representa un 70 por ciento del territorio nacional.
El documento destaca una tendencia marcada a asesinatos de líderes, comunitarios y campesinos, lo que refleja una violencia focalizada sobre personas dedicadas a la defensa de la tierra y el territorio. Tesis que se refuerza con el ataque sistemático a líderes indígenas y afrodescendientes.
Y aunque desde el Gobierno se han implementado algunas acciones para contrarrestar y prevenir los asesinatos de líderes, para Somos Defensores la respuesta estatal ha sido bastante ambigua. Y en cuanto a la justicia el panorama se presenta similar, pues muchos casos están estancados: de los 253 casos reportados entre 2016 y febrero de 2018, se han logrado esclarecer 99 (39,13 por ciento).
