La paz que no tiene Colombia
Pese al acuerdo firmado en noviembre del 2016 entre el gobierno y la principal guerrilla que operaba en el país, Colombia aún no vive tiempos de paz. No se trata solo de que queden sobre las armas otros grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o que existan numerosas bandas paramilitares en el país, sino que se han incrementado los atentados y, de acuerdo con reportes recientes, también ha crecido la cifra de asesinatos a líderes sociales. Esto último representa un duro golpe para las aspiraciones de vivir en la normalidad en una nación que ha sido muy dañada por más de cincuenta años de conflictos sociales armados.
Un reporte de Telesur señala que desde la firma del Acuerdo de Paz, los asesinatos de los defensores de derechos humanos y activistas sociales ascendieron a 250, pero destacaba que de esa cifra el 13,7 por ciento corresponde a mujeres. Al menos 28 han sido las luchadoras sociales que resultaron víctimas luego del cese del conflicto armado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, un dato que significa que de cada siete asesinatos a estos líderes uno corresponde a una mujer, lo cual supera el índice de feminicidios en Colombia, que está en el entorno del 10 por ciento.
Se dice que las víctimas fueron ultimadas mediante ataques de bala y, en no pocas ocasiones sus compañeros sentimentales también resultaron heridos en los atentados o fueron asesinados. Los responsables permanecen ocultos, pero se presume que se trata de los grupos paramilitares que operan por todo el país y también de los efectivos del Ejército de Colombia. De probarse que son estos últimos los autores, ello representaría el cierre total de las posibilidades a la paz verdadera, pues la garantía de la vida es la condición más importante para el desarme.
Por el momento ya la paz atraviesa por un golpe de credibilidad muy fuerte. Los recientes asesinatos, sean quienes sean los perpetradores, hablan a las claras de que las garantías prometidas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no han sido suficientes. Esto podría representar un obstáculo para el desmonte del paramilitarismo, pues los grupos sobre las armas actualmente, como el ELN, podrían no querer ser parte de una alianza defectuosa con el gobierno.
Tampoco da aliento a la paz el hecho de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), nombre del partido político que la guerrilla asumió para participar en la vida del país por el camino de la democracia, se retirara de la carrera presidencial, entre otras razones, por la ausencia de garantías políticas y económicas. En un comunicado donde dieron a conocer su decisión, los jefes de las FARC señalaban que además de la inseguridad para poder participar, en igualdad de condiciones, de la carrera electoral, ese partido político había sido víctima de violencia política. Otro aspecto al que aludieron fueron los asesinatos a exmiembros del grupo insurgente.
“Hemos afrontado muchos obstáculos y bajo esa forma es imposible desarrollar una actividad electoral normal”, dijo a teleSur la excandidata a la vicepresidencia por la FARC, Imelda Daza, quien también manifestó que el Gobierno de Santos había incumplido el compromiso de dar recursos económicos para el funcionamiento del partido político y para la financiación de la campaña electoral. Lo más impactante fue, sin embargo, que se pusiera en riesgo la integridad física de los candidatos de la Fuerza del Común, quienes no contaron con ningún tipo de protección y fueron agredidos con piedras y huevos en tres ciudades colombianas durante el inicio del cronograma electoral.
Sobre la violencia contra los líderes sociales y los defensores de los derechos humanos, a finales de diciembre pasado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado de atención. Entonces se destacaba que los casos se habían reportado mayormente en antiguas zonas de influencia de la ya desmantelada guerrilla de la FARC, en contextos de violencia contra la población civil y, según el reporte de la ONU, por denunciar u oponerse a la actividad criminal, reivindicar derechos y apoyar políticas nacidas del acuerdo de paz. La situación fue calificada como “muy grave, dado que afecta a la población más vulnerable del país”, sin embargo, de entonces a la fecha no ha tenido cambios, sino que ha ido en ascenso.
