Cristina Fernández no descansa ante la justicia
Cristina Fernández no para de estar acusada. Esta vez, tiene tres citas con el banquillo de los acusados donde está procesada por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia, en el marco del atentado al edificio que fuera sede de la AMIA y la DAIA, principales instituciones políticas y económicas israelíes.
Esta querella es la continuación de la iniciada por el difunto fiscal Alberto Nisman, asesinado –según las últimas pericias de Gendarmería– en vísperas de explicar esa investigación en el Congreso en enero del 2015. El magistrado también envió a juicio oral por la misma causa a una docena de dirigentes y ex altos cargos.
Entre estos, al exministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman, el ex secretario general de la Presidencia y exjefe del servicio de Inteligencia Oscar Parrilli, a la exprocuradora del Tesoro, Angélica Abbona, al diputado Andres alias «el cuervo» Larroque, el dirigente de origen iraní Jorge Khalil, el ex titular de la Subsecretaría de Tierras para el Habital Social, el piquetero Luis D´Elía, al exsecretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y al exlíder de la organización Quebracho, Fernando Esteche. Desde el pasado mes de diciembre los tres últimos están detenidos mientras la expresidenta, aunque tiene prisión preventiva, se encuentra en libertad amparada en sus fueros como actual senadora.
La viuda de Kirchner podría llegar a ser condenada hasta por traición a la patria si, durante el juicio, se lograse probar que, en el ejercicio de sus funciones como jefa de Estado, actuó deliberadamente en perjuicio de Argentina y a favor de Irán, presunto autor del ataque con un coche bomba que dejó un saldo de 85 muertos y decenas de heridos el 18 de julio de 1994.
Bonadío consideró aquel atentado un acto de guerra por parte de Irán y el llamado memorándum de entendimiento, elaborado por el Gobierno de la mujer que más poder tuvo en la historia de argentina, un mecanismo pensado y desarrollado para lograr la impunidad de los responsables de aquel ataque.
En esa línea, el juez entendió que la viuda de Néstor Kirchner podía ser acusada de traición a la patria pero la Cámara Federal, una instancia superior a la que apeló la ex presidente, consideró que –aunque no descarta que pudiera existir ese delito– todavía no estaba probado. Eso quiere decir que el tribunal que juzgue a Fernández, podría considerarlo si, a lo largo de las vistas, se aportan pruebas suficientes.
El magistrado que, a partir de ahora da por cerrada la etapa de instrucción, explica que la eleva a juicio oral, al tener acreditada la materialidad del delito investigado como así también la responsabilidad de los imputados en los sucesos. En ese escenario considera probada la existencia de un cuadro «indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos» contra todos los procesados.
La causa arranca con la denuncia, a principios del 2015, del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández, Héctor Timerman y buena parte de los procesados. Dos días después de la acusación, el 18 de enero, el cuerpo de Nisman yacía en un charco de sangre en el cuarto de baño de su apartamento con una bala en la cabeza.
La causa fue rebotando de una instancia a otra y, tras una larga carrera de obstáculos, terminó en el Juzgado de Claudio Bonadío. Durante la instrucción el magistrado no dudó al hablar de un plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento para dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes responsables del atentado, según la justicia argentina. Sobre estos pesaban alertas rojas de Interpol que, previsiblemente, desaparecerían una vez que el mencionado Memorándum entrase en vigor. Pese a ser aprobado por el Congreso argentino esto nunca sucedió al ser declarado inconstitucional.
