La ONU se fija en Colombia
Una problemática que afecta a muchas comunidades en América Latina, fundamentalmente a los pueblos originarios y a los campesinos, es el desplazamiento forzado a causa de los conflictos, las mineras o la compra y uso de tierras para otras acciones por grandes empresas.
En el caso de Colombia, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) hicieron un llamado de alerta ante el persistente desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas ubicadas en las zonas rurales del municipio de Cáceres, en Antioquia, que hasta desde el 19 de enero de este año ha afectado a unas 822 personas (461 adultos y 361 niños (as), adolescentes), en la región del Bajo Cauca.
Dichos organismos internacionales señalan que los hechos han afectado a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, además de las ya afectadas en Alto Tamaná, El Tigre, Ponciano, Campanario y El Calvario. Ambas agencias manifestaron además, su alarma por el incremento de homicidios en el Bajo Cauca, que de acuerdo con datos oficiales supera en más de 255 por ciento la cifra registrada entre el 1 de enero y el 14 de febrero del 2017.
Un comunicado conjunto de ambos organismos de la ONU señala que en el Bajo Cauca han observado violaciones de derechos humanos como: amenazas y atentados contra la vida e integridad de personas civiles, violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas del pueblo indígena Senú en su territorio.
Aunque el riesgo que sufren las comunidades del Bajo Cauca antioqueño fue advertido a finales del pasado mes de enero por la Defensoría del Pueblo (ombudsman), la situación continúa empeorando, según advirtió el organismo internacional.
En ese sentido las agencias hicieron un llamado al Estado para evaluar la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para prevenir nuevos hechos de violencia. En especial, urgieron a que el Estado garantice que los recursos humanos y económicos sean capaces de atender la emergencia humanitaria actual y de generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana.
Según ACNUR, actualmente Colombia es el país con más desplazados en el mundo, con 7,4 millones de personas, seguido de Siria (6,3 millones) e Irak (3,6 millones).
