América Latina vive a la sombra de la violencia
Según el informe de Amnistía Internacional (AI) presentado la pasada semana, temas y situaciones como la crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba y la violencia contra las mujeres y las minorías, demuestran que en América Latina aún queda mucho por hacer en cuanto a derechos humanos. En su capítulo sobre las Américas, la organización señaló que la discriminación y la desigualdad continuaron siendo la norma en todo el continente. Además, indicaron que los altos niveles de violencia siguen presentes en la región, con oleadas de asesinatos, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias. Además, según el informe, los defensores de los derechos humanos sufrieron crecientes niveles de violencia y se mantuvo la impunidad.
La organización señaló particularmente la extrema violencia en Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela, y también calificó de preocupante el perdón concedido por Perú al ex presidente Alberto Fujimori. En este último caso, el informe advierte de la falta de transparencia e imparcialidad en el indulto a Fujimori, condenado a 25 años de prisión en 2008 por crímenes de lesa humanidad, y lamentó también que la nación peruana continúe un año más con elevados índices de violencia sexual y feminicidios.
En el caso de Venezuela, AI consideró que el país pasa por una de las peores crisis de derechos humanos de su historia, alimentada por una escalada de la violencia promovida por el gobierno.
En México, más de 34 mil personas siguen desaparecidas y las ejecuciones extrajudiciales fueron abundantes, además de otros flagelos como la tortura, los malos tratos y el aumento significativo del número de homicidios y ataques contra periodistas y activistas. En ese sentido, la organización apoyó el potencial paso adelante del Senado de ese país con la aprobación de una ley para combatir e investigar las desapariciones.
Por su parte, AI condenó la violencia policial en Río de Janeiro, Brasil y el aumento de las violaciones de los derechos humanos en la nación. El informe también señala que en Colombia el conflicto armado se intensificó el pasado año en algunas zonas pese a la firma del acuerdo de paz con la FARC, ahora partido político, por la acción de otros grupos ilegales.
En lo referido a los derechos humanos, fundamentalmente de los indígenas, el informe señala varios países. En el caso de Chile, el gobierno y la Fiscalía siguen abusando de la aplicación de la ley antiterrorista para inculpar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales. En Paraguay persisten las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza para acallar las protestas en Asunción en contra la reelección presidencial y la falta de aplicación de fallos referidos al respeto a los derechos de las comunidades indígenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). AI denuncia que en Argentina se siguen criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas, y advirtió además de las dificultades de las mujeres para un aborto legal, incluso en los casos de violación o riesgo para la salud.
La organización también describe como la grave situación en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) debido a los numerosos casos de violencia de género, ataques contra activistas y migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas.
En El Salvador, AI advirtió que la prohibición del aborto ha llevado a que varias mujeres sean declaradas culpables de homicidio agravado, incluso luego de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. En Honduras denuncia tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la represión de las manifestaciones contra un supuesto fraude en la reelección de Juan Orlando Hernández. En Guatemala las medidas para combatir la impunidad corren grave riesgo de ser afectadas por la resistencia de ciertos actores políticos, y mencionó el intento fallido del presidente Jimmy Morales de expulsar al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
