Mano segura sobre los fondos de la paz
Más de una decena de medidas adoptó el Gobierno colombiano con el propósito de hacer más eficiente y transparente la ejecución de los dineros para el posconflicto y agilizar los proyectos productivos que reportarán beneficios para los exguerrilleros de las FARC. Tal fue el anuncio del vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, al concluir una reunión en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y la cual estuvo presidida por el presidente Juan Manuel Santos.
De acuerdo con Naranjo, las disposiciones actuales permitirán al Gobierno nacional acelerar la implementación de los acuerdos, particularmente todo lo relacionado con los proyectos productivos, además de asegurar la transparencia en la ejecución de los recursos de la paz, algo que en días recientes se vio muy cuestionado tras una carta de varios embajadores europeos pidiendo rendir cuentas sobre el tema. La situación se vio agudizada más tarde por la destitución de la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina.
Por otro lado, aun cuando el vicepresidente ha resaltado que se revisaron todas las propuestas de proyectos productivos y se llegaron a establecer 214 iniciativas, en diferentes estados de desarrollo, dentro de las cuales solo 5 han sido presentadas por la FARC al Consejo Nacional de Reincorporación para su evaluación y aprobación; la realidad es que el gobierno ha presentado diferentes problemas en la ejecución de procesos similares, como es el caso de la restitución de tierras, lo cual motivó en la jornada de este miércoles la protesta de varios líderes sociales.
No obstante, Naranjo detalló que por instrucciones de Santos se creó un equipo de trabajo para acelerar la estructuración, presentación y aprobación de unas 35 iniciativas productivas que se encuentran actualmente en fase de formulación y que involucran a 1 533 integrantes de las FARC. El costo de estas iniciativas sería de alrededor de 22 764 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares).
Específicamente, las medidas adoptadas toman en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y contemplan la designación de la firma Ernst and Young para que sea la encargada de llevar a cabo una auditoría de la contratación realizada hasta la actualidad, así como para que continúe haciendo auditorías integrales en lo sucesivo. Asimismo, se definió que en lo adelante todos los nuevos procesos de contratación deben ser obligatoriamenter publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública II (SECOP II).
