A debate en la Corte colombiana por las consultorías mineras
En el caso de Colombia, al igual que otras regiones con una fuerte presencia minera, los conflictos entre los pueblos y las compañías a cargo de esta actividad, se dan por malas relaciones por el daño de la explotación minera descontrolada a la salud de los pobladores, al ecosistema, el elevado consumo de agua u otros productos naturales, etc. Es por ello que, en esa nación se debate el futuro de las consultas populares, o sea, el derecho de las comunidades a decidir y regular la actividad minera.
De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), además de Perú; Chile, México y Colombia tendrían el mayor número de conflictos sociales cubiertos por la prensa.
En el caso de Colombia, como sucede con otras regiones que tienen una fuerte presencia minera, los conflictos entre los pueblos y las empresas se dan por malas relaciones con esta última por el daño a la salud de los pobladores, al ecosistema de la zona, el elevado consumo de agua u otros productos naturales, etc.
Es por ello que, en esa nación se debate en el recinto de la Corte Constitucional, el futuro de las consultas populares, como mecanismo para regular la actividad minera.
La audiencia está relacionada con el fallo del tribunal sobre una tutela de la empresa Mansarovar Energy Ltda., contra el Tribunal Administrativo del Meta, pues este dio vía libre a la consulta popular sobre la extracción de petróleo en Cumaral y el 97 por ciento de la población votó en contra del proyecto de extracción de petróleo.
Se espera que con la audiencia la Corte concluya la rivalidad entre minería y consulta popular, pues según cifras del Gobierno se han realizado 9 consultas sobre minería e hidrocarburos hasta el momento, y todas terminaron en negativas para los proyectos.
Quienes están a favor de la consulta popular como un recurso definitivo para los proyectos de impacto ambiental señalan que esta es una solución al centralismo, que tiene poca conexión con las necesidades de las regiones y los pueblos.
En cuanto a la decisión de permitir la consulta en Cumaral, hecha por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta por medio de la magistrada Teresa Herrera, esta aseveró que la comunidad puede tomar esa decisión pues tiene la potestad de adoptar medidas para la protección del ambiente, de ahí que puede prohibir restringir o permitir actividades mineras.
Por su parte, contrarios a las consultas populares están instituciones como las agencias de minería (ANM), de hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, que consideran que las exigencias previas para los proyectos ya son garantía para la protección del territorio, y señalan además que el dinero que generan los proyectos es significativo. En ese sentido, la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza, señaló que se debe asegurar una participación ciudadana, pero no prohibir las actividades constitucionalmente permitidas.
A partir del 12 de abril pasado, la Corte, máximo órgano de decisión sobre la Carta Magna, tendrá un mínimo de tres meses para decidir si mantiene el mecanismo o lo regula en favor de los proyectos de explotación.
