Puigdemont, un ilegal en Bélgica
Julie Fernández, diputada francófona socialista de Bélgica ha exigido explicaciones Theo Francken, el secretario de Estado de Migración y Asilo, en torno a la situación del expresidente de la Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, quien continúa sin inscribirse legalmente en Bélgica.
¿Será que este presidente holograma, ausente, a distancia, como lo han llamado, deberá continuar desplazándose hasta encontrar su sitio?
La denuncia realizada por Julia Fernández se une a las voces que ya vienen desde hace algún tiempo escuchándose a manera de críticas a la situación de Puigdemont. Entre ellas, una que se escuchó muy alto fue la de la periodista Karen Billiet, cuya pregunta en el diario De Standaard era si el político catalán había efectuado en realidad los trámites legales, con posterioridad a los problemas que -explica- ha tenido su pareja, un alemán que intenta registrarse en el país francófono.
La diputada socialista belga expresó su malestar por el supuesto trato de favor que recibe Puigdemont en Bélgica, en donde está prófugo de la Justicia española, al no aplicársele la normativa vigente para otras personas. Según publicó el diario de sesiones del Parlamento belga, Francken recordó que el político independentista catalán debe registrarse "como cualquier europeo", en respuesta a las preguntas de Fernández. "Si quiere estar más de tres meses debe registrar su residencia en la Administración local, como cualquier europeo", señaló Francken.
El secretario de Estado belga confirmó a demanda de la diputada francófona que cada vez que Puigdemont o cualquier ciudadano cruza la frontera a un país distinto y después regresa a Bélgica vuelven a contar de cero los noventa días de plazo máximo de estancia en el país sin obligación de registro. Francken dijo que así lo permite la libertad de circulación que rige en la Unión Europea (UE). 'Es verdad que tomar un autobús (para ir) a Holanda no cuesta mucho', ironizó.
Asimismo recordó que, según la ley belga, la no inscripción ante las autoridades después de noventa días de estancia en el país puede conllevar multas administrativas de 200 euros 'o incluso que se niegue el derecho de residencia si se considera que la persona es una carga para la seguridad social'. Añadió el secretario de Estado belga que "no creo que el señor Puigdemont reciba ninguna ayuda". Un día antes de la llegada de Puigdemont a Bélgica, el 31 de octubre pasado, Francken escribió un mensaje en Twitter abriendo la puerta a una concesión de asilo al político secesionista catalán de la que tuvo que retractarse, después de que se desmarcara de ella el resto del Gobierno belga.
