Colombia da otro paso en la regulación de la eutanasia
Un paso de avance en los derechos individuales de las personas y a la vez lleno de polémicas, dio Colombia al aprobar un procedimiento para aplicar la eutanasia en pacientes menores de edad que se nieguen a padecer los sufrimientos de una enfermedad terminal. De esta manera el país latinoamericano, que era el único de la región con un procedimiento definido para practicar la eutanasia en adultos, se convirtió en el tercero en el mundo, después de Holanda y Bélgica, que regula esa práctica en los menores, a pesar de las voces que realizan fuertes críticas en diferentes ámbitos de la sociedad.
La noticia continúa generando debates en un país de muy arraigada tradición católica y donde a pesar de que hace más de 20 años fue aprobada la muerte asistida, esta solo se reglamentó para los adultos en el 2015, en medio de no pocas declaraciones de rechazo. Desde ese momento hasta la actualidad solo 40 pacientes se han sometido al procedimiento que es para algunos el triunfo de la empatía y la compasión, una elocuente defensa de las libertades individuales.
Cuando en 1997 la Corte Constitucional aprobó la eutanasia, señaló que el derecho a vivir en forma digna implicaba también el derecho a morir dignamente. Asimismo, enfatizaba en el carácter terminal de la enfermedad y la plena voluntad del paciente como condiciones necesarias, aspecto que también se mantienen en el caso de los menores de edad. El año pasado la misma Corte Constitucional dio orden al Gobierno de llevar a vías de efecto este derecho para los niños, las niñas y los adolescentes, convocatoria a la que el Ministerio de Salud respondió con una resolución, que salió a la luz pública el pasado viernes y que establece las situaciones particulares en distintos rangos de edad. Estas se refieren a que la enfermedad debe ser terminal y el sufrimiento constante, insoportable y que no pueda ser aliviado. Para determinarlo los hospitales tendrían la obligación de conformar un comité multidisciplinario.
El consentimiento inequívoco del paciente es una de las condiciones, así como el establecimiento de un mínimo de 12 años para poder aplicar la muerte asistida. Quedan excluidos los menores de 6 años y también los que tengan discapacidades mentales o trastornos psiquiátricos, por no tener las competencias necesarias para tomar la decisión. El procedimiento regula que entre los 6 y los 12 se podrá practicar solo en casos excepcionales, mientras que entre los 12 y 14 es obligatoria la concurrencia de los padres, aun cuando la decisión corresponde al menor; de los 14 en adelante solo contará la voluntad del adolescente.
La resolución presentada el viernes no transitó, sin embargo, por un lecho de rosas, sino que vino precedida de un borrador público, abierto a comentarios, en el cual se expusieron todas las contradicciones que con respecto al tema tiene la sociedad colombiana. Además, esto ocurrió en plena campaña electoral, tanto para las presidenciales como para el Congreso, por lo que el debate estuvo sazonado por las posiciones de los políticos en contienda. Según reseñó El País, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, fue uno de los primeros en reconocer la complejidad del asunto por sus implicaciones éticas y porque no hay un consenso en la sociedad. “La oposición viene en muchos casos de los mismos grupos, pero en los tres temas tenemos que reconocer que Colombia ha estado a la vanguardia en América Latina”, enfatizó el titular de sanidad a ese diario.
Sin embargo, la polémica está lejos de extinguirse, pues aún está por regularse la eutanasia para personas en estado vegetativo. En este sentido hay como mínimo dos desafíos: por un lado, no se trata en todos los casos de una breve expectativa de vida, y por el otro el Gobierno ha insistido en no permitir ningún tipo de consentimiento sustituto que pudiera vulnerar la voluntad del individuo.
Colombia ha avanzado mucho en materia de libertades individuales gracias al empuje de las sentencias de la Corte Constitucional, establecida en 1991 y que, más que un observador, es un ente activo y dinamizador de la sociedad. La muerte asistida es solo uno de los temas que ha atendido el alto tribunal, el cual también ha pedido al Congreso legislar sobre el aborto y los derechos de parejas del mismo sexo en cuanto al casamiento y la adopción.
