La lentitud de la paz en Colombia
Cuando el comandante Rodrigo Londoño firmó el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo para que sus tropas abandonaran la guerra, el mundo creyó que Colombia había alcanzado el mejor mecanismo para acabar con el conflicto armado más antiguo de América Latina. Pero un año después la esperanza ha empezado a decaer. Los fusiles de las FARC quedaron atrás pero más de la mitad de sus combatientes han abandonado las zonas de desarme, desilusionados por la falta de proyectos para su paso a la vida civil, según Naciones Unidas. “Eso es exactamente lo que no se quiere en un proceso de paz”, dijo Dag Nylander, representante en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC por Noruega, país garante junto a Cuba.
La desmovilización de los más de 11.000 excombatientes en solo seis meses fue un “logro enorme”, pero insuficiente para llevar el acuerdo a puerto seguro. Nylander en entrevista con The Associated Press expresó: “Si Colombia no actúa ahora este proceso no será el ejemplo que muchos habían pensado que se estaba dando al mundo”. Para las Naciones Unidas, que verifica el proceso de implementación del acuerdo de paz, la seguridad es lo que se debe solucionar con mayor urgencia. Tras la retirada de las FARC como grupo armado y autoridad, muchas zonas del país viven una guerra de bandas por el control del narcotráfico. Con la retirada de un actor clave en el control territorial se triplicó la superficie de cultivos ilícitos desde 2012, cuando iniciaron los diálogos, pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la coca y difundir programas de agricultura legal.
La fragilidad del acuerdo en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17% de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido materializadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. El 1 de diciembre vence el fast track que tiene el Legislativo para adoptar estas leyes. Ya han sido avaladas reformas difíciles como la ley de amnistía para los presos rebeldes y la creación del partido de las FARC, ahora llamadas Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; pero aún falta que avance un elemento clave y que para muchos es el núcleo del acuerdo: la llamada Justicia Especial de Paz, que juzgará a los actores del conflicto armado. “Sin la justicia transicional en su lugar, el acuerdo entero fracasará”, dijo Nylander, que culpó de la lentitud a la dinámica electoral del Congreso.
El presidente Juan Manuel Santos, galardonado con un Nobel de la Paz por su empeño en acabar el conflicto colombiano, admite que la tibia recepción de los acuerdos no es sorprendente tras medio siglo de enfrentamiento armado, 250.000 muertos y millones de desplazados. En 2016, el pacto con los guerrilleros fue rechazado en un plebiscito por la mitad de los colombianos que acudieron a las urnas, forzando a Santos a aprobar en el Parlamento un acuerdo modificado. “Los mejores acuerdos de paz son los que dejan gente insatisfecha de los dos lados”, dijo. “Algunos ya quieren firmar el certificado de defunción de los acuerdos, pero hay que tener en cuenta que construir la paz toma tiempo y que en menos de un año la implementación en Colombia está más adelantada que en otros acuerdos de paz”, añadió. Santos, sin embargo, es optimista de que su coalición en el Congreso -favorable a la paz- se mantendrá el suficiente tiempo para blindar el pacto ante un eventual viraje político en las próximas elecciones presidenciales.
Pero sobre todo en las filas de los excombatientes temen que decaiga lo acordado. Para Imelda Daza, número dos de Rodrigo Londoño para las elecciones presidenciales de 2018, el balance de un año de paz es “fatal”. “Los excombatientes no se sienten seguros, sienten que el gobierno no está cumpliendo nada”, dijo a la AP. “Hoy, tal como están las cosas, corremos el riesgo de devolvernos a la conflictividad”, agregó la histórica líder de la izquierda.
Para Bernard Aronson, el enviado del expresidente estadounidense Barack Obama a los diálogos de paz, el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC ha sido el más ambicioso de la historia del país. Este proceso ha ahorrado a Colombia la muerte de 2.796 personas, sobre todo guerrilleros y militares, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto que monitorea el cese al fuego. “Era inevitable que, dadas las complejidades, la implementación tomara mucho tiempo y fuera más lenta de lo que la gente quiere”, afirmó Aronson. “Es inevitable que haya frustraciones dadas las altas expectativas... (el acuerdo) no iba a convertir Colombia en un paraíso”.
