Pugnas en la espera pacificadora
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantienen su lucha interna contra Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo saliente de esa entidad judicial colombiana. Este conflicto se intensificó tras darse a conocer una carta en la cual Correa realiza acusaciones sobre la formación de un supuesto lobby político que lo obligó a modificar sus funciones. El político también denuncia en esa misiva las aparentes irregularidades con respecto a la labor de Patricia Linares, magistrada principal al frente de la JEP. Además, tanto Linares como otros miembros del órgano jurídico creado en Colombia para asegurar los procesos de paz, aseguran que Correa se apropió de correspondencia interna de modo ilícito.
En la polémica misiva, Correa dio razones sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a su puesto. Entre las problemáticas señalada, el magistrado notificó que su jefa había entregado a Enrique Gil, ministro de Justicia de Colombia, una proposición que ayudaría a cambiar algunos puntos en el proyecto de estatutos sobre la JEP. Cuando se incluyeron las supuestas modificaciones la ley estaba siendo discutida en el Congreso.
Sin embargo, en la misma conferencia de prensa donde Linares señaló que Correa consiguió información de manera ilegal, la jueza también aseguró que ella solo entregó una documentación donde se esclarecían conceptos relacionados con el proyecto de ley. Además, Linares mencionó que solo realizó ese acto por una concreta invitación del gobierno de Juan Manuel Santos. La administración también la nombró designada principal para el Comité de Escogencia.
“Solo nos reuníamos para analizar temas jurídicos de aquellos que habían sido abordados en el Congreso. Intercambiamos opiniones y homogenizamos conceptos. Esto nos ayudó a la conformación de informes técnicos que facilitamos al Ministerio de Justicia. La mayoría de esas reflexiones de tipo legislativas fueron realizadas a través de la vía electrónica. Es decir, solo empleamos nuestros correos personales, de carácter privados. Desconocemos como obtuvo el señor Néstor Correa dichos correos, pero de seguro no fue de manera regular”, enfatizó Linares.
La presidenta de la JEP también alertó que Correa en reiteradas ocasiones coaccionó a la sus compañeros con dar a conocer el intercambio de misivas sin no se asumían del todo los diseños que él había pautado para la Secretaria Ejecutiva. En aquel momento, Linares y sus seguidores decidieron no ceder ante las “pretensiones” del exsecretario. En su lugar, exigieron a Correa que cumpliera con sus tareas, en particular con la ejecución de más de cuatro millones de dólares que habían sido destinados gubernamentalmente a la entidad jurídica. Al parecer, el funcionario no ha podido dar cuenta de cómo fue manejado ese dinero, pues solo comenzó a dar algunas comprobaciones del manejo que realizara de este cuando fue requerido por la Contraloría General.
El mencionado dinero debía ser destinado a dotar de infraestructura básica a toda la JEP. Sin embargo, según denuncia Linares, la entidad todavía no cuenta con sistemas de telefonía, información y comunicaciones. Tampoco hay bases que regulen la seguridad y protecciones de los funcionarios así como de las personas que acuden a la organización como denunciantes o comparecientes. A su vez, se reportan desvíos en los suministros de papelería, fotocopiadoras, impresoras y ordenadores.
Por otro lado, las fuentes gubernamentales han podido comprobar que la secretaria de la JEP no avanzó correctamente en los sistemas de apoyo psicológico y social a las víctimas, así como a los sistemas de representación judicial a esas propias personas. El sistema de monitoreo y vigilancia de las personas que obtuvieron libertad condicionada tampoco opera adecuadamente. Linares, de modo general, también puntualizó sobre otras tareas sobre las cuales los avances han sido nulas y han tenido que ser asumidas por otros magistrados. Mientras, la carta de Correa concluye con serias acusaciones. Por un lado, el secretario saliente aseguró que al menos nueve jueces de la JEP comenzaron a tomar la ejecución de la ley por sus propias manos.
