La corrupción ronda las fuerzas militares colombianas
En medio de una situación complicada para Colombia por la violencia en la frontera con Ecuador y las medidas conjuntas con ese país para detener a los narcoterroristas; los problemas derivados del caso Santrich, la carrera electoral presidencial y las preocupaciones por la economía, un nuevo escándalo viene a sazonar la situación colombiana: la Procuraduría pidió al Ministerio de Defensa que suspenda los pagos para labores de inteligencia a las Fuerzas Militares por presuntos actos de corrupción.
Fernando Carrillo, procurador general de Colombia, fue quien instó al Ministerio a suspender el pago por 30 días, un plazo que tiene el objetivo de adoptar medidas de control adicionales, previas y suficientes para garantizar el adecuado manejo de los recursos del Estado. Asimismo, solicitó al Comandante General de las Fuerzas Militares, el general Alberto Mejía, que designara un oficial del más alto rango para preservar los medios probatorios que precise la investigación, detalló el Ministerio Público en un comunicado y dado a conocer por la agencia EFE.
Aunque las disposiciones salen a relucir ahora, la investigación por el presunto desvío de recursos destinados a labores de inteligencia está abierta desde el pasado 11 de diciembre. A ello se suma un reportaje especial publicado recientemente por la revista Semana, donde se describe pormenorizadamente la forma en la que al menos doce militares cobraban dinero por fuentes de información falsa. Entre los nombres que salieron a relucir como involucrados en este hecho de corrupción está el del general retirado Juan Pablo Rodríguez Barragán, quien se desempeñara como comandante de las Fuerzas Militares hasta el 2016 y que actualmente es embajador de Colombia en Corea del Sur.
El modus operandi, descrito en el reportaje, da cuenta de que algunos militares, entre los que había oficiales y suboficiales, creaban falsas fuentes de información a las que les pagaban entre 10 y 15 millones de pesos colombianos (unos 3 000 y 5 000 dólares). Para cubrir sus huellas, estos militares buscaban a ciudadanos venezolanos a los que les pagaban unos 20 000 pesos (alrededor de 7 dólares) por poner su impresión dactilar y firmar documentos en blanco. Así se apropiaron de hasta 500 millones de pesos (unos 183 000 dólares) mensuales y, durante cuatro años, amasaron, producto del fraude, un ingreso que ascendió a 20 000 millones de pesos colombianos (unos 7,3 millones de dólares).
Otro de los usos del dinero desviado fue el pago de abogados para defender a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, propiedades y viajes, reportó EFE.
