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sábado, 17 de marzo de 2018

Colombia y la violencia sin fin

Por pratts23

La violencia en Colombia parece incontenible. A las masacres y asesinatos combinados, de una crueldad desconcertante, se añaden los secuestros y desapariciones, el maltrato de niños y ancianos y las violaciones de adolescentes. Cada día, sin tregua, los colombianos son espectadores o víctimas de atracos callejeros y de discriminación racial, sexual y socioeconómica.

Sin quererlo, se convierten en agentes de agresiones en el transporte urbano, el hogar, la escuela y el trabajo. Colombia tiene las tasas de mortalidad por homicidio más altas del mundo. Independientemente de la enorme sobrecarga institucional que impone a los servicios de salud y medicina legal, la violencia constituye actualmente en Colombia el principal problema de salud pública.

Para hacerle frente, el sector de la salud debe elaborar políticas y financiar acciones; crear nuevos procesos de formación de personal, poner en marcha procesos de educación pública, y dedicar mayor esfuerzo y creatividad al campo de la investigación, que hasta ahora ha dado respuestas importantes pero aún insuficientes. Al analizar la violencia, que no es más la sustitución de toda argumentación por la fuerza, es necesario ubicarla en el contexto de la vida y la salud. No se pretende solo racionalizarla, y menos aún suplantar la acción por la palabra o por las reflexiones, sino tratar de comprenderla a fondo con el objeto de buscarle alternativas.

A finales de enero pasado se produjeron suceso de total brutalidad tales como atentados terroristas, el secuestro de una avioneta, dirigentes de tierras asesinados, cruentas vendettas por parte de la narco mafia y una delincuencia común rebosada, cuyo salvajismo encolerizó al país andino cuando una mujer embarazada recibió tres tiros a quemarropa de unos criminales que trataban de robarle el auto. Los colombianos se sienten muy inseguros, y no comprenden tanta falta de autoridad y tanta desprotección por parte del Estado.

Pero lo más asombroso es que la gran mayoría de las tragedias acarreadas en los últimos tiempos tienen un denominador común. Los criminales son delincuentes reincidentes que ya habían sido arrestados en el pasado por todo tipo de quebrantamiento, y por disímiles razones fueron puestos en libertad por parte de los estrados judiciales del país. Este enjambre de inseguridad terminó extendida en las redes sociales por medio de cadenas en WhatsApp, comentarios indignados y hasta falsas noticias con las que muchos pretendieron pescar en río revuelto.

Gracias al trabajo realizado por el Ministerio de Defensa y otros sectores del gobierno dedicados a la erradicación de la violencia, en cuanto a los delitos más duros, es decir los asesinatos, ha caído a 24 por cada 100.000 habitantes. Es una de las estadísticas mas bajas en los últimos 30 años y el secuestro y la extorsión bajo cerca del 10 por ciento según datos de la fiscalía y del propio ministerio, pero queda claro que hay que mostrar mayor fuerza a estas injusticias que se cometen a diario y sumergen a Colombia en un espiral de delincuencia.

Sin duda, el incidente más grave de este hervidero de violencia ocurrió el 27 de enero pasado cuando un grupo de terroristas hizo estallar una bomba en la estación de Policía en Soledad, Atlántico, que dejó 5 policías muertos e hirió a otros 42 uniformados. Esta célula terrorista está relacionada con los autores de otros ataques en Bogotá en 2015, y aunque las autoridades apresaron a todos sus integrantes hace tres años, los jueces los dejaron en libertad y desde hace dos años están en las calles.

En Medellín aparecieron cuatro cuerpos el mismo día que en un barrio de la capital antioqueña productos de las vendettas de la mafia. En el municipio de Aguachica ubicado al nororiente del país, en el departamento de Cesar, delincuentes robaron una avioneta que transportaba 2000 millones de pesos colombianos de una empresa de seguridad. El año pasado las autoridades capturaron en el país a 207.728 delincuentes en el lugar del delito. Otros 37.800 criminales cayeron como consecuencia de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528 malhechores.

Sin embargo, los estrados judiciales solo enviaron a menos de 10.000 a las cárceles, cifra que no rebasa el 5 por ciento de los detenidos. De esta manera el delincuente reincide porque tiene la certeza de que la probabilidad de que lo sancionen es muy baja. El gobierno necesita debatir a fondo sobre la política criminal y el tratamiento penal a delincuentes reincidentes, con el objetivo de disminuir los índices criminales en la región.